La divisa del gobierno actual es la destrucción de Lo Público, y en general, de bienes públicos, para crear una relación privada entre el presidente y los ciudadanos, con base en subsidios y dádivas individualizadas y en una comunicación incesante en canales y códigos directos con el pueblo. Se trata de una estrategia populista, típica y astuta, de ganar y comprar voluntades y votos para un proyecto de concentración unipersonal de poder. En nuestro caso, conjugada con un compulsivo desprecio y odio al Estado y a sus instituciones, y a la sociedad civil, en cuanto factores de contrapeso, representación de intereses, y de racionalidad colectiva. Sin duda, algo excéntrico para un gobierno que se dice de izquierda, de alto riesgo para la democracia, y fatal para la continuidad de un proceso de desarrollo económico y social, que siempre requiere del equilibrio entre un Estado fuerte y una sociedad fuerte. (The Narrow Corridor. Acemoglu & Robinson. Penguin Press. 2019). Esto se ha manifestado y se manifiesta palmariamente de manera cotidiana en el ejercicio gubernamental a través de muy claras formas y decisiones. Sobresale la cancelación absurda de proyectos estratégicos de infraestructura (NAIM), y el lanzamiento de otros – sólo producto de la ocurrencia iluminada – sin estudios de mercado, de demanda, de pre-factibilidad, o ambientales, a la par de la fetichización y reconstrucción de los monopolios del Estado en materia de energía. Todo, sin importar un costo astronómico para el erario y un daño patrimonial sin precedente a la Nación.
TAMBIÉN LEE: Programa de Medio Ambiente, ideología y desvarío
Debe anotarse también la destrucción, desaparición o captura de organismos autónomos, y/o su envilecimiento con designaciones grotescas o con nombramientos de personas notoriamente incompetentes para posiciones directivas y técnicas. Se recluta mediocridad, y ostensible incapacidad, y se humilla públicamente a altos funcionarios. Tenemos una Kakistocracia: el gobierno de los peores, y tal vez el gobierno más incompetente de la historia moderna de México. Se reducen salarios para los servidores públicos a niveles denigrantes y fuera de competencia con referencia al mercado de trabajo, se les prohíbe a los funcionarios ejercer su profesión diez años después del término de su responsabilidad, se emprende un ataque frontal a la meritocracia, y se lumpeniza el servicio público, junto con recortes presupuestales y de personal incapacitantes para servicios y entidades de la administración pública. Se violan las normas de adquisiciones y contrataciones y prevalecen las asignaciones directas para pagar deudas políticas, tomar venganzas, o privilegiar a aliados y financiadores. La corrupción entra en efervescencia. Se eliminan presupuestos de operación para muchas entidades, y se transfieren a subsidios clientelares sin observarse normas y procedimientos mínimos de administración; esto es, sin reglas de operación, sin padrones confiables de beneficiarios, sin evaluación, y con total opacidad y desorden, lo que los convierte en ámbitos ideales de corrupción, política clientelar e ineficiencia. Se asignan tareas y responsabilidades de manera discrecional a distintos organismos al margen de la legislación (contratos y proyectos de comunicaciones y transportes al Ejército y a Fonatur, puertos y aduanas Marina, reforestación a la Secretaría del Bienestar), y se manipula política y electoralmente la procuración de justicia.
El presidente no admite opiniones expertas, no las necesita. Menosprecia la planeación y la programación (sólo hay que leer el Plan Nacional de Desarrollo y algunos programas sectoriales para advertir su pobreza intelectual y técnica), así como la racionalidad pública. El gobierno actual se ubica en las antípodas de la burocracia racional e ideal postulada por Max Weber, y en contra de bases analíticas y secuencia ordenada de decisiones, congruencia entre medios y fines, racionalización de la actividad colectiva, jerarquías estructuradas, distribución y división eficiente del trabajo, reglas claras, y amplias calificaciones técnicas. Se gobierna sólo con ocurrencias encausadas en un permanente espectáculo mediático narcisista, y bajo una transparente lógica electoral-populista.
En este escenario, además de su incompetencia, la administración pública se torna inevitablemente inestable, y se precipitan las renuncias de quienes tienen menor tolerancia a cada uno o a todos los factores señalados, además de mayor aversión a un fracaso profesional seguro y al empañamiento de su reputación. Esto ha ocurrido en la SHCP, SCT, Salud, Conavim, CEAV, CRE, CNH, ASEA, Conanp, INM, entre otros muchos organismos y entidades. Hay un proceso de decantación y de selección adversa en favor de los peores, donde los atributos ganadores son la abyección, la sumisión, la lealtad partidista, la resignación a bajos salarios, la seducción por el culto a la personalidad, o la simple búsqueda de rentas y oportunidades de corrupción. Es la lógica de la destrucción del Estado para concentrar todo el poder en unas solas manos.
Opinión de Gabriel Quadri:@g_quadri
Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.
